En los últimos días hemos tenido conocimiento de la decisión del Instituto de Historia y Cultura Militar, órgano responsable de la protección, conservación, investigación y divulgación del patrimonio histórico del Ejército Tierra, de impedir la consulta y reproducción de los documentos del Archivo General Militar de Ávila relativos a la Guerra Civil Española que contengan marcas de “secreto” o “reservado”, en contra del criterio del personal técnico archivero.
Desde la Asociación de Archiveros de Castilla y León (Acal) queremos mostrar nuestra perplejidad ante una noticia, que, en caso de confirmarse, supondría un retroceso de décadas en lo que se refiere al acceso de los ciudadanos a la información y a la cultura, así como un grave menoscabo de la esencia misma de un archivo público, abierto en principio a todos los ciudadanos para asegurar la memoria individual y colectiva y contribuir a la comprensión del pasado, a documentar el presente y a preparar el futuro, como reza la Declaración Universal de los Archivos de la Unesco.
Ha de recordarse que la propia Ley 9/1968, de 5 de abril, de Secretos Oficiales -no aplicable en este caso, al tratarse de marcas anteriores a su entrada en vigor- destacaba en su exposición de motivos el principio general de publicidad de la actividad del Estado, "porque las cosas públicas que a todos interesan pueden y deben ser conocidas de todos". En este mismo sentido, la vigente Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, llama a facilitar el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecidos durante la Guerra civil y la Dictadura. Esta supuesta decisión, arbitraria e injusta, vendría así a contradecir el espíritu de la normativa vigente en nuestra Democracia y coloca en una difícil situación a las personas que han de atender a los usuarios de los archivos afectados: los/as archiveros/as, obligados a actuar en contra de su criterio técnico y su propio código ético.
A lo largo de los próximos días daremos cuenta de esta inquietud a los órganos responsables del Archivo General de Ávila y solicitaremos toda la información pertinente para esclarecer esta situación que afecta a uno de los archivos públicos más emblemáticos de nuestra región.