El pasado 21 de Enero de este mismo año, el relator del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Pablo de Greiff, llega a España con motivo de hacer una revisión, presentada este mes de septiembre, de las medidas adoptadas por el Gobierno de España con motivo de las violaciones a los derechos humanos acaecidas durante la dictadura franquista, la Guerra Civil y la postguerra española.

 

Greiff, el autor de este análisis, ha recogido una serie de puntos que ponen de manifiesto las faltas para con las víctimas de la Guerra Civil, insiste en que la educación actual aporta un punto de vista muy flojo de los excesos del régimen, señala que los símbolos franquistas siguen hoy visibles y además hace hincapié en la falta de información al respecto (censos de víctimas, niños robados, trabajos forzosos, etc.)

 

En este sentido la gran afectada es la Ley de memoria de 2007, que según Greiff no ha conseguido solucionar nada, y también hace reavivar las dudas con respecto a las carencias de la Ley de Transparencia promulgada por el actual gobierno de Rajoy en 2013. La Ley de Transparencia y Acceso ha llegado con retraso a España con respecto a otros países de la Unión Europea, como Suecia (1766), Francia  (1978), Reino Unido (2000) o Alemania (2005).

 

 

La transparencia es la herramienta de reforma de un país hacia el camino del bienestar social y la anti-corrupción, y los archivos deben ir de la mano como elemento de acceso a la información. El problema de los archivos es que son parte de la Administración Pública de la que somos en teoría partícipes, pero en la práctica las instituciones públicas son las que nos dan acceso a determinados datos y no los archivos. Así pues la información tiene un acceso parcial y los archivos se vuelven trasparentes para la mayoría de nosotros y es la Administración la que asume sus funciones.

 

Así lo relata el informe citado, que el Archivo y centro Documental para la memoria histórica de Salamanca cumple con los requisitos pactados, pero sigue habiendo problemas con la práctica para acceder a documentos y archivos, muchos de ellos clasificados, cuya información no repara los vacíos legales que emanan de este problema. Deberíamos insistir en una mejor Ley de Transparencia que otorgue más importancia a los archivos u documentos, tal y como dijo en su momento Rosana de Andrés Díaz, expresidenta de la Asociación de Archiveros en la Función Política (AEFP).

 

 

Bruno Camacho Mateos