El exceso de documentos generados y la consecuente falta de espacio para almacenarlos hace tiempo que se ha convertido en un problema cuya solución necesita ser encontrada sin demora. Las consecuencias se agravan de forma directamente proporcional al ritmo de creación de documentos y, en este contexto, los entes más activos son los que se ven más afectados por un mayor número de inconvenientes.

Ese es el caso de juzgados como el de Vigo que, entre los 84.000 nuevos casos, las 5.000 demandas de ejecución civil y las 90.000 resoluciones que dictan de forma anual no cuentan con espacios libres en sus estanterías. Autoridades como la Xunta, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la Audiencia de Pontevedra y el decanato de Vigo han puesto en marcha un plan de expurgo y han recomendado el uso de los expedientes electrónicos para reducir el papel empleado en estos trámites.

Ambas iniciativas tienen el potencial teórico necesario para subsanar el problema pero su aplicación se ve muy ralentizada por funcionarios que alegan sobrecarga de trabajo o son reacios al cambio propiciado por las nuevas tecnologías.  De este modo, aunque la medida se presente ante nuestros ojos, no podemos olvidar que aún queda un largo camino por recorrer para cumplirla de forma satisfactoria.

Patricia Lorenzo Bartolomé