El mes pasado el periódico El País publicaba una noticia sobre la prensa y la transparencia, y nos traía a colación la aprobación y puesta en marcha de la Ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental de Paraguay que, aunque lleva ya 1 año promulgada, podemos ver cómo poco a poco son cada vez más los países que van dando su brazo a torcer y redactan una ley de transparencia. Algunos países de habla hispana ya aprobaron algo similar hace unos cuantos años, países como República Dominicana o Guatemala, mientras que otros como Argentina son aún reticentes por parte de algunos de los grupos más conservadores del gobierno del país, a pesar de que desde el año pasado se están dando grandes pasos para traer a debate el tema de un proyecto de ley de transparencia con su consiguiente aprobación.

Dejando a un lado estos rayos de esperanza, somos conscientes de que las leyes de transparencia no son efectivas en muchos de los casos como hemos podido comprobar en contadas ocasiones, ya que varios son los factores que alteran y dificultan el acceso a la información pública:

1. Mecanismos de acceso a la información dispersos y con un orden lioso en cuanto a la disposición de la información, lo que dificulta la obtención de datos concretos.

2. Los secretos de Estado, que podría llegar a funcionar como un cajón de sastre donde se hallen datos de carácter ambiguo.

3. La ‘especial’ situación de la transparencia de la empresa pública.

4. La actitud opaca que existe entre gran parte de los trabajadores del sector público.

Seguro que no soy el único que se ha dado cuenta de que los portales web gubernamentales son muchos, pero la información que contienen está absolutamente dispersa, con un estructura confusa y en donde pocas veces encontramos un orden en la presentación de cuentas, informes de auditorías, contratos, viajes oficiales y reuniones, así como otros datos de carácter público de interés para periodistas, empresarios y cualquier otro ciudadano. Los portales gubernamentales, los de transparencia incluidos, deberían tener una estructura estándar que favoreciese su usabilidad por cualquier usuario, y no solo por usuarios expertos o acostumbrados a navegar por semejantes laberintos virtuales.

En cuanto al segundo de los factores, los secretos oficiales, ya han sido tratados en numerosas ocasiones y es, sin duda, uno de los mayores problemas de cara a la transparencia y el acceso a la información. Es su carácter tan delicado el que ha permitido abusos de poder para denegar el acceso a unos y otros documentos con el pretexto de que puedan ser perjudiciales para la memoria o el desarrollo moral del Estado y de las personas. Pero, ¿cuántos de estos ‘pretextos’ son ciertos y cuántos otros se hacen por motivos deshonestos? Está claro que la confianza ciudadana tiene un límite y somos cada vez más los que desconfiamos de la franqueza de algunos de los sectores públicos y políticos.

Haciendo mención al tercero de los factores, no hay que olvidar tampoco el sector privado o las empresas que participan del sector público, empresas muchas de ellas estatales, pero que se rigen por leyes propias, poco transparentes y deshonestas con la ciudadanía y otros sectores competitivos. Muchas empresas que prestan servicios públicos en España son directamente responsables de la economía y el buen funcionamiento del país, ya que sirven para solventar errores en el suministro de bienes públicos para evitar monopolios naturales, ya que promueven una competencia sana. A pesar de esto, está comprobado que hay muchos errores que las empresas públicas son incapaces de solventar y que los errores que prometen corregir tampoco son resueltos: tanto el monopolio artificial como el monopolio natural, donde una empresa es capaz de afrontar la demanda con costes fijos para los consumidores, no es un sistema favorable y presenta errores derivados del tráfico de influencias y las actuaciones politizadas en el seno de las empresas financieras del sector público y privado. Debieran de establecerse mejores prácticas de actuación laboral, así como establecer mejores estrategias para el buen desarrollo empresarial, empezando, como ya digo, por aislar de la influencia política al consejo de administración de las empresas.

En cuanto al cuarto de los factores, recordemos que la Ley de transparencia española, así como otras tantas internacionales, tienen una presencia muy reciente y los trabajadores ministeriales y del Estado están acostumbrados a una forma de trabajar muy anclada en costumbres pasadas, actitud muy decrépita y perfectamente reprochable basándonos en la mala imagen, la desconfianza y la corrupción que esta forma de actuar ha dejado en España. Incluso recientemente hemos asistido a la destrucción abundante de documentación tras las elecciones autonómicas y municipales del pasado mes de mayo. Con toda seguridad habría que replantearse las buenas prácticas del sector profesional público, al igual que comentaba en el anterior apartado con el sector empresarial.

Bruno Camacho Mateos