Este archivo, conocido como “archivo de la secretaría” se creó en 2011 y se localiza en la ciudad de Montevideo. Está compuesto por tres salas, las cuales contienen buena parte de la historia de la dictadura. A día de hoy todavía no se conoce el contenido en su totalidad.

La primera sala está destinada al ingreso de nueva documentación, la documentación se aloja en cajas y carpetillas.

Una segunda sala se dedica al tratamiento documental. “Denuncias”, “Testimonios”, “Legajos”, etc. Todo en cajas organizadas en estantes.

La tercera sala es el depósito. Lo que hay allí ya fue leído, procesado e incorporado a la historia oficial. Buena parte de las carpetas tienen la sigla LDD: legajo de desaparecido.

En el archivo trabajan tres archiveros que se encargan de la documentación y su tratamiento.

Isabel Wschebor, quien lleva a cargo del archivo siete meses, se propuso como principal objetivo realizar un inventario de toda la documentación que allí se encuentra. Una parte todavía se usa a nivel administrativo y judicial; otra parte ya no. En la actualidad se encuentran inmersos en esta empresa, pero van avanzando a buen ritmo.

Sin embargo, todavía no se tiene claro qué porcentaje de la documentación sobre la dictadura está en este archivo, y cuál fuera. Lo que se sabe es que hasta el momento han aparecido 24 archivos, 11 de ellos estatales. Parte de la información reside en el Archivo General de la Nación, parte en el Ministerio del Interior, otro tanto en el de Relaciones Exteriores, y así por decenas. Wschebor ha procurado tener copias de varios de ellos.

Ya son 10 años desde que se comenzó la búsqueda de información sobre desaparecidos, en estos 10 años los documentos conseguidos han sido millones, la forma de procesarlos ha sido más bien artesanal, y las personas involucradas en ese trabajo han variado. El criterio ha ido variando en función de quién descubría cada archivo.

Como el ejemplo de  febrero de 2006, cuando la ministra Azucena Berruti encontró, en base a una denuncia anónima, 1.140 microfilmaciones de la Inteligencia militar en el ex CGIOR, una escuela de contra inteligencia. La ministra Berrutti acudió al lugar y cerró la habitación en la que aparecieron los materiales. Se negó a abrir los archivos y puso a dos personas de su confianza a trabajar en la digitalización de la información. Las personas eran María del Carmen Martínez (integrante de Familiares de Desaparecidos y detenida en el centro clandestino Orletti) y Jorge Tiscornia, un quien estuvo preso en el Penal de Libertad entre 1972 y 1985, conocido por haber escrito “el almanaque más grande del mundo” durante su reclusión. Berruti argumentó que había muchas mentiras en las microfilmaciones, por lo que la tarea era solo para entendidos.

Años después, cuando el siguiente ministro, José Bayardi, decidió dejar las microfilmaciones digitalizadas en el Archivo General de la Nación ha sido cuando se ha empezado a tener acceso a dicho material.

Otro caso en 2012, en el que se descubrieron en el museo MAPI, ex sede de Defensa, 60 cajas con fichas que en un primer momento todos atribuyeron a la época de la dictadura. El director del museo, Facundo de Almeida, llamó a la Intendencia y allí resolvieron dar cuenta al equipo de Rico. Durante meses dos historiadores estudiaron el material en una sala cerrada del MAPI. Escribanos municipales hicieron un inventario. Al final resultó que los documentos no revelaban nada sobre desaparecidos, ni asesinatos políticos. Y el AGN no intervino en el proceso.

Y el viernes 2 de octubre, tras una denuncia del secretario de Derechos Humanos, Javier Miranda, la Justicia allanó la casa del coronel recién fallecido Elmar Castiglioni, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Se presume que allí hay información que puede llegar a aclarar la muerte de Fernando Miranda, padre de Javier. Hace más de 20 días que las 60 cajas incautadas por la jueza Beatriz Larrieu están, según supo El País, en un limbo institucional, a la espera de que la jueza y el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, resuelvan quién debe encargase de ellas.

En la actualidad para las autoridades Uruguayas uno de los principales problemas que se deben afrontar es la creación de un marco  legal sobre cómo proceder en la desclasificación de documentos, tal como sugiere la Unesco.

En  2005 se formó un equipo de historiadores para investigar el único archivo de la dictadura con el que se contaba, el cuál tenía documentación reunida entre 2000 y 2003 por la Comisión para la Paz. Eran esencialmente legajos de los detenidos desaparecidos, combinados con testimonios y notas periodísticas. Se pensaba que era el único que quedaba, pero tiempo después comenzaron a aparecer documentos.

Desde entonces, equipos de 8 o 9 personas en promedio, sobre todo estudiantes, han leído millones de documentos en busca de pequeñas piezas del puzzle de la historia.

Aunque han permitido reconstruir el contexto, hasta ahora ninguno de los archivos ha revelado datos sobre dónde están los desaparecidos, aunque no pierden la esperanza.

El exministro de Defensa, José Bayardi, opina que hay problemas institucionales a la hora de manejar los archivos de la dictadura y que todo debería estar centralizado en el Archivo General de la Nación. Por otra parte diferentes responsables y autoridades discrepan, entendiendo que cada institución debería conservar su propio archivo.

Hace casi un mes fueron incautadas unas 60 cajas del domicilio del ex coronel Elmar Castiglioni, material que posiblemente contenga información sobre la dictadura. Pero aún está pendiente por conocer la resolución de quienes serán los elegidos para revisar y tratar dicha documentación.

Otra polémica en torno al “archivo Castiglioni”, se debe a los motivos por los que se retrasó tanto su incautación. Se sostiene que el Poder Ejecutivo tenía conocimiento de la existencia del archivo Castiglioni desde 2008. Sin embargo, el exministro de Defensa, José Bayardi, niega haber tenido conocimiento del tema cuando asumió la titularidad del ministerio el 3 de marzo de 2008. Sobre los archivos de Castiglioni, Bayardi entiende que su incautación es “muy importante” aunque debe ser analizada “con cuidado” porque se trata de una colección de un particular que operó en el área de inteligencia y “conoce muy bien todos estos operativos, por lo que podría haber información plantada”. “Quien lea esto debe tener experiencia y saber de inteligencia para distinguir lo real de lo falso. Esto parece ser la obra de alguien obsesionado con la inteligencia”, advirtió.

Se espera que los archivos Castiglioni tengan un tratamiento adecuado y que se pueda empezar a tener acceso a la información que contienen y a hacer uso de sus servicios en un futuro lo más próximo posible.

Judit López