COMUNICADO
Ante las recientes noticias sobre la aparición de un contenedor con miles de documentos clínicos sin destruir procedentes del Hospital El Bierzo, la Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL) desea manifestar su profunda preocupación y firme denuncia por el grave incumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, documentación clínica y archivos públicos.
Este hecho supone una vulneración grave de los principios básicos de confidencialidad, seguridad y custodia documental.
La documentación clínica constituye una de las categorías más sensibles de información, al contener datos relativos a la salud de las personas. La legislación vigente, en particular la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, establece la obligación de conservar estos documentos en condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad. Esta normativa exige que la conservación se realice con medidas adecuadas de protección, se controle el acceso exclusivamente al personal autorizado y se garantice la destrucción segura cuando proceda.
El abandono de historias clínicas sin destruir implica no sólo la pérdida de control documental, sino también un riesgo directo de acceso indebido, difusión ilícita y vulneración de derechos fundamentales.
Vulneración de la normativa archivística
El caso descrito constituye igualmente una vulneración directa de la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León y su normativa de desarrollo, que dispone que los documentos producidos por las administraciones públicas deben organizarse, conservarse y gestionarse conforme a criterios técnicos normalizados, integrados en un sistema coordinado de archivos. Los documentos públicos, incluida la documentación clínica, deben mantenerse bajo control en las distintas fases de su ciclo de vida, garantizando siempre su custodia, trazabilidad y protección contra el acceso indebido a la información que contienen.
Especial relevancia tiene el papel de las reglas y calendarios de conservación, instrumentos esenciales de la gestión archivística, ya que determinan los plazos de conservación de cada serie documental, regulan las transferencias entre archivos y establecen qué documentos pueden eliminarse y en qué momento. En la actualidad, la Junta de Castilla y León, que es la administración competente para su aprobación, arrastra un déficit estructural en la aprobación de estos instrumentos esenciales y no cuenta con una reglas o calendarios de conservación aplicables a las historias y documentos clínicos, como sí existe en otras comunidades como Navarra o la Comunidad de Madrid.
La triste situación sucedida en Ponferrada refleja un fallo sistémico en todos estos aspectos: ausencia de control archivístico, incumplimiento de los procedimientos de transferencia y eliminación, y carencia de medidas de seguridad. La falta de una adecuada gestión documental deriva en situaciones como la denunciada.
Posición de ACAL
A la vista de lo señalado, desde la Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL):
- Denunciamos el incumplimiento de la normativa vigente en materia de archivos y patrimonio documental, en este y muchos otros casos, por parte de las administraciones públicas de nuestra región.
- Recordamos que una correcta gestión de los documentos es tanto una obligación legal como una responsabilidad institucional ineludible, no delegable, o externalizable, ni que pueda ejercerse sin control de los organismos responsables de la documentación.
- Exigimos la apertura de una investigación, la depuración de responsabilidades y la imprescindible coordinación entre las instituciones competentes (consejerías de Sanidad, Cultura y el SACYL) para abordar la implantación urgente de procedimientos adecuados de gestión documental y reglas y calendarios de conservación aplicables a las historias y documentación clínica.
- Reivindicamos el papel de los archiveros y las archiveras como profesionales esenciales para garantizar la correcta gestión documental, la protección de los derechos ciudadanos y la preservación del patrimonio documental.
Este episodio no es un hecho aislado, sino el reflejo de una deficiente cultura archivística y de las carencias de un “sistema” que demanda mejoras sustanciales que deben ser afrontadas mediante planificación, dotación de medios humanos y materiales, actualización normativa y profesionalización.
